El Diario Financiero traía en su portada el día de hoy el siguiente titular: Presión social contra termoeléctricas a carbón abre dilema al gobierno.
Luego agregaba “las protestas, la presión mediática y hasta el impacto en las redes sociales, obligaron a La Moneda a dedicar más horas ()… a la aprobación de la central termoeléctrica Barrancones”. El dilema era evidente. El proyecto perteneciente a la multinacional GDF Suez se enfrentaba al rechazo de movimientos sociales y ambientalistas que culminó con una masiva movilización de 4.000 personas en el centro de Santiago.
Horas más tarde, y apenas aterrizó en Temuco, Sebastián Piñera anunció que “hemos acordado con Suez cambiar la ubicación de la central termoeléctrica”.
La inmediata reacción de las organizaciones ambientales fue rescatar la decisión de movilización de sectores sociales motivados por la defensa del medio ambiente ante un proyecto con evidentes efectos negativos en reservas ecológicas de la zona, especialmente en Punta de Choros.
El revuelo político por la aprobación ambiental que había tenido el proyecto escalaba con pronunciamientos a favor y en contra. El Diario Financiero, señalaba que “la normativa ambiental deja nulo espacio de intervención a La Moneda en esta fase de tramitación del proyecto y que una eventual paralización o modificación generaría un enorme costo como señal a los inversionistas”.
Pero… el rechazo era mayor. A tempranas horas, antes de salir a Temuco, en la propia casa de Piñera hubo una reunión con parlamentarios de la Alianza gubernamental. Minutos después, el senador UDI, Andrés Chadwick hizo declaraciones a una radio santiaguina, se preguntaba “cómo no va haber otro lugar en la costa para poder instalar una central” y agregaba “existe algo que se llama sentido común”.
La suerte de la central estaba echada. Pero existe un riesgo con el anuncio de Piñera. El dice que acordó con la multinacional cambiar la ubicación. Y el problema que la instalación de una central en otro lugar es otro proyecto que debe someterse a informes de impacto ambiental. Y si el compromiso de Piñera es un acuerdo, sus palabras pueden ser entendidas como una “sugerencia” o presión a los organismos del Estado que deben fiscalizar que se cumplan las normativas.
Hay que estar atentos, en todo caso las promesas de campaña sólo se cumplen cuando hay presión social.
Luego agregaba “las protestas, la presión mediática y hasta el impacto en las redes sociales, obligaron a La Moneda a dedicar más horas ()… a la aprobación de la central termoeléctrica Barrancones”. El dilema era evidente. El proyecto perteneciente a la multinacional GDF Suez se enfrentaba al rechazo de movimientos sociales y ambientalistas que culminó con una masiva movilización de 4.000 personas en el centro de Santiago.
Horas más tarde, y apenas aterrizó en Temuco, Sebastián Piñera anunció que “hemos acordado con Suez cambiar la ubicación de la central termoeléctrica”.
La inmediata reacción de las organizaciones ambientales fue rescatar la decisión de movilización de sectores sociales motivados por la defensa del medio ambiente ante un proyecto con evidentes efectos negativos en reservas ecológicas de la zona, especialmente en Punta de Choros.
El revuelo político por la aprobación ambiental que había tenido el proyecto escalaba con pronunciamientos a favor y en contra. El Diario Financiero, señalaba que “la normativa ambiental deja nulo espacio de intervención a La Moneda en esta fase de tramitación del proyecto y que una eventual paralización o modificación generaría un enorme costo como señal a los inversionistas”.
Pero… el rechazo era mayor. A tempranas horas, antes de salir a Temuco, en la propia casa de Piñera hubo una reunión con parlamentarios de la Alianza gubernamental. Minutos después, el senador UDI, Andrés Chadwick hizo declaraciones a una radio santiaguina, se preguntaba “cómo no va haber otro lugar en la costa para poder instalar una central” y agregaba “existe algo que se llama sentido común”.
La suerte de la central estaba echada. Pero existe un riesgo con el anuncio de Piñera. El dice que acordó con la multinacional cambiar la ubicación. Y el problema que la instalación de una central en otro lugar es otro proyecto que debe someterse a informes de impacto ambiental. Y si el compromiso de Piñera es un acuerdo, sus palabras pueden ser entendidas como una “sugerencia” o presión a los organismos del Estado que deben fiscalizar que se cumplan las normativas.
Hay que estar atentos, en todo caso las promesas de campaña sólo se cumplen cuando hay presión social.
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