"Hoy el problema es ahora y tenemos que buscar algunas salidas para que no ocurra ningún hecho que lamentaríamos por siempre y que quedaría en la historia del Bicentenario como un hecho negativo. Yo creo que ese es el esfuerzo que tenemos que hacer todos", señala el presidente de la Conferencia Episcopal, Alejandro Goic.
Las palabras del obispo reflejan la urgencia que tiene encontrar una solución a la huelga de hambre de 34 comuneros mapuche que se prolonga ya por más de sesenta días. El tiempo urge. Y una mesa de diálogo en que el gobierno en tanto expresión del Estado chileno y representantes de los comuneros conversen y acuerden es la única acción real que puede dar inicio a una solución.
En la medida que el tiempo transcurra y la mesa no se constituya, el margen de maniobra del gobierno se estrecha cada vez más y las vidas de los comuneros mapuche corren serio riesgo.
El envío de las modificaciones a la Ley Antiterrorista y a la Justicia Militar no han sido suficientes para detener la huelga de hambre. Ciertamente, los comuneros desconfían. Y tienen razón. La historia les ha enseñado a desconfiar. Y en la situación actual exigen compromisos reales, efectivos y transparentes.
Todo indica que el proyecto enviado por el gobierno al parlamento es engorroso y complejo y no será fácil concordar un procedimiento primero y las modificaciones después. Más aún, si la ley antiterrorista -herencia de la dictadura civico-militar y aplicada por los gobiernos de la Concertación y también, por el actual- es rechazada por importantes sectores sociales y, evidentemente, por el pueblo mapuche y sus sectores más concientes.
Las reivindicaciones que plantean los presos políticos mapuche no sólo son justas sino que adquieren en el Chile de hoy toda una dimensión de acusación y denuncia de la sociedad que existente. La no aplicación de la Ley Antiterrorista en las luchas sociales, desmilitarización de la Araucanía, no al doble juzgamiento de la justicia civil y la militar por las mismas acusaciones de presuntos delitos,la inhabilitación de los “testigos sin rostro” para incriminar a los acusados y garantías de justo proceso, son demandas minimas, necesarias y urgentes.
La perseverancia de las comunidades mapuches y la decisión de sus presos políticos logró romper el cerco informativo y la invisibilidad a la cual era sometida la huelga de hambre y también, obtuvo un amplio respaldo social y la atenta mirada de la comunidad internacional.
Las próximas horas serán decisivas.
Las palabras del obispo reflejan la urgencia que tiene encontrar una solución a la huelga de hambre de 34 comuneros mapuche que se prolonga ya por más de sesenta días. El tiempo urge. Y una mesa de diálogo en que el gobierno en tanto expresión del Estado chileno y representantes de los comuneros conversen y acuerden es la única acción real que puede dar inicio a una solución.
En la medida que el tiempo transcurra y la mesa no se constituya, el margen de maniobra del gobierno se estrecha cada vez más y las vidas de los comuneros mapuche corren serio riesgo.
El envío de las modificaciones a la Ley Antiterrorista y a la Justicia Militar no han sido suficientes para detener la huelga de hambre. Ciertamente, los comuneros desconfían. Y tienen razón. La historia les ha enseñado a desconfiar. Y en la situación actual exigen compromisos reales, efectivos y transparentes.
Todo indica que el proyecto enviado por el gobierno al parlamento es engorroso y complejo y no será fácil concordar un procedimiento primero y las modificaciones después. Más aún, si la ley antiterrorista -herencia de la dictadura civico-militar y aplicada por los gobiernos de la Concertación y también, por el actual- es rechazada por importantes sectores sociales y, evidentemente, por el pueblo mapuche y sus sectores más concientes.
Las reivindicaciones que plantean los presos políticos mapuche no sólo son justas sino que adquieren en el Chile de hoy toda una dimensión de acusación y denuncia de la sociedad que existente. La no aplicación de la Ley Antiterrorista en las luchas sociales, desmilitarización de la Araucanía, no al doble juzgamiento de la justicia civil y la militar por las mismas acusaciones de presuntos delitos,la inhabilitación de los “testigos sin rostro” para incriminar a los acusados y garantías de justo proceso, son demandas minimas, necesarias y urgentes.
La perseverancia de las comunidades mapuches y la decisión de sus presos políticos logró romper el cerco informativo y la invisibilidad a la cual era sometida la huelga de hambre y también, obtuvo un amplio respaldo social y la atenta mirada de la comunidad internacional.
Las próximas horas serán decisivas.
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