Ley de Isapres, una ley perversa

En los próximos días, el Tribunal Constitucional debe resolver la constitucionalidad o no de un artículo vigente en la Ley de Isapres. La decisión afectará la vida de miles de chilenos.

El artículo 38 de la mencionada legislación deja en manos de las Isapres las formas de calcular los precios de sus planes de salud en base a lo que llaman tabla de riesgos. De esta manera, y arbitrariamente las Isapres encarecen sus planes a medida que los cotizantes van envejeciendo o cuando las mujeres se encuentran en edad fértil, pues estiman que los costos de los servicios médicos aumentan.

“Esta facultad despótica resulta en una multiplicación creciente del precio originalmente pactado, sin que el afiliado pueda negociar, violándose varias garantías constitucionales de las personas” asegura Javier Fuenzalida, profesor de la Universidad Finis Terrae.

El peso específico y la relevancia que tienen en el sector salud las Isapres son inmensos proceso acrecentado por el nivel de concentración existente en el área. Cuando en 1980, en tiempos dictatoriales, se implemento el sistema se crearon 29 hoy en el “mercado” son sólo seis las que predominan.

Fuenzalida señala que “las economías de escala y las de ámbito que permiten producir varios servicios con los mismos recursos, levantaron una infranqueable barrera impidiendo el ingreso de nuevos competidores atraídos por la alta rentabilidad y bajos riesgos del negocio”

En los últimos días se realizaron debates en torno al artículo 38 de la ley de Isapres, y la cobertura de prensa debemos decirlo, fue escasa.
En los planteamientos ante el Tribunal Constitucional, las Isapres defendieron a rajatabla la vigencia de la atribución que les entrega la Ley. Que ello ocurra no sorprende, pues las rentabilidades del sector son altísimas. Se calcula que obtienen rentabilidades del orden del 50% anual. Las Isapres aseguran que en caso de que el fallo no les fuera favorable, se produciría una destrucción del sector. Esto tampoco sorprende, pues siempre los grandes sectores empresariales, cualquiera sea el sector económico en que operan, amenazaran con hecatombes cada ves que se insinúa que es necesario introducir mínimas dosis de justicia, en este caso en beneficio de los cotizantes. Con mayor razón aun si se trata de establecer criterios mas solidarios y menos competitivos e individualistas.

Por ello llama la atención la escasa cobertura de prensa de los debates en el Tribunal Constitucional, pero también alarma que la oposición y la alianza gobernante no hayan fijado posición en torno a una cuestión que afecta tantos chilenos: 2.700.000 cotizantes tienen las Isapres y los más afectados son los mayores de 60 años, las mujeres en edad fértil y los niños en sus primeros años.
En todo caso el gobierno de Sebastián Piñera, fijo también su postura. Defendió en el Tribunal la constitucionalidad del artículo 38. Lo mismo que hicieron las Isapres.